¿Qué es la Ley 2 2023?; ésta transpone la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, busca proteger a los ciudadanos que informen sobre infracciones al Derecho de la Unión Europea o a las normas españolas.
La legislación pretende combatir la corrupción tanto en el ámbito público como privado, proporcionando protección a los denunciantes a través de canales internos, externos e incluso la revelación pública en algunos casos.
Origen de la legislación y alcance
La ley era necesaria para transponer la directiva de la UE porque España carecía de una regulación general que protegiera a las personas que desean informar sobre conductas gravemente irregulares. La falta de transposición en el plazo establecido llevó a que la Comisión Europea demandara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE junto con otros Estados miembros.
La ley va más allá de la Directiva al ampliar la protección a los informantes no solo en casos de infracciones del Derecho de la Unión Europea, sino también en delitos e infracciones administrativas graves en general. Además, brinda protección contra represalias, ofrece ayudas al denunciante y establece programas de clemencia para aquellos que proporcionen información relevante para sancionar la conducta ilícita. También permite la presentación de denuncias anónimas, algo que la Directiva solo permite a los Estados miembros sin imponer su aceptación.
La corrupción en España es motivo de preocupación, ya que genera desconfianza en las instituciones, afecta la seguridad y la economía de mercado. La ley incluye la lucha contra la corrupción pública y privada, ya que la corrupción entre particulares incrementa costos, precios y afecta la calidad de los bienes y servicios ofrecidos.
¿Por qué la Ley 2 2023 se relaciona con una Línea Ética?
La aceptación de denuncias anónimas está contemplada en la ley para proteger efectivamente al denunciante, pero también se establecen garantías para evitar denuncias malintencionadas. Se regula un trámite de inadmisión de denuncias infundadas y se considera una infracción muy grave comunicar información falsa de manera pública.
Las empresas deben implementar un canal de denuncias en un plazo determinado. Aquellas con más de 250 empleados deben hacerlo en tres meses, mientras que las que tienen más de 50 empleados deben hacerlo antes del 1 de diciembre de 2023. Las entidades del sector público deben contar con un canal de denuncias obligatoriamente. El incumplimiento de esta obligación puede llevar a sanciones económicas de hasta un millón de euros, así como a consecuencias reputacionales.
Tanto el canal interno como el externo son opciones por las cuales se pueden presentar las denuncias, y la ley no establece una prioridad entre ellos. Todo esto para comenzar a conocer y responder a la pregunta ¿qué es la Ley 2 2023?. Si te interesa más de estos temas puedes continuar con este artículo.
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